En muchos países del mundo, los Gobiernos controlan cada movimiento de sus ciudadanos en Internet y en las redes sociales. ¿Ocurre en España lo mismo? ¿Hay motivos para estar preocupados por su intervención?

A mediados de abril, Tim Berners-Lee, uno de los padres de Internet, puso el grito en el cielo al advertir que los planes de las agencias de inteligencia del Gobierno británico para controlar las comunicaciones digitales podían suponer «la destrucción de los derechos humanos». En una entrevista, Berners-Lee, que trabaja como asesor para el mismo gobierno que critica, decía que la cantidad de información sobre una persona a la que pueden acceder policías y funcionarios públicos es mucho mayor que la que tienen sus allegados. La razón está en que en Internet plasmamos nuestras intimidades y en la Web hacemos búsquedas inconfesables sobre, por ejemplo, la enfermedad que nos preocupa o sobre cuestiones sexuales que, en un cara a cara, nunca abordaríamos. Berners-Lee advertía del peligro de que la información personal cayese en manos de funcionarios corruptos que la usaran para hacer negocio o chantaje.

En Internet exponemos intimidades que no abordaríamos nunca en un cara a cara.

Aunque PC Actual no ha dado con ningún estudio independiente sobre el grado de intervención de Internet en las distintas zonas del mundo, los expertos consultados señalan que los casos más claros de control son los de China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, India o Irán. En estos estados, las autoridades disimulan poco a la hora de eliminar cualquier rastro de disidencia. Asimismo, otros han recurrido temporalmente a violaciones de las libertades fundamentales. El caso más llamativo es el de Egipto, que a finales de enero de 2011 amaneció sin conexión a Internet y los móviles dejaron de funcionar misteriosamente. El presidente Hosni Mubarak decidía así cortar por lo sano una revolución que se había gestado en redes como Facebook y Twitter y que, a la postre, acabó con su dictadura.

Sin embargo, son muchos los que opinan que los países occidentales no son ajenos a este tipo de prácticas. El bloguero Yago Jesús, un experto en seguridad que colabora en el sitio especializado SecurityByDefault, establece tres grupos de países en función del grado de perversión de los derechos individuales en la Web. Por un lado, están Irán, China, Egipto y otros muchos países de Oriente medio donde los derechos no son respetados en absoluto y el control social es la máxima imperante. En un segundo grupo, hay países que, siendo democráticos, tienen gobiernos con patente de corso para filtrar y censurar, también con el fin de controlar a la disidencia. El ejemplo palmario es Rusia. Y, finalmente, están aquellos países donde la industria de contenidos ha promulgado leyes para la regulación de Internet. El ejemplo «más severo», según Jesús, es Australia, pero también tenemos que meter en este grupo a España o Francia. Además de los derechos de autor, en Occidente también justifican el control de las redes otras cuestiones, como la persecución del terrorismo y la pornografía infantil.

En cualquier caso, por su tamaño y posición estratégica y económica, China es quizá el caso más sangrante de intervención de las comunicaciones. Allí, las autoridades del Partido Comunista han implantado el llamado el Gran Firewall. Se trata de un complejo sistema de control ciudadano amparado en decenas de regulaciones, que se pone en marcha desde los operadores de telecomunicaciones (siempre públicos) y con el que tienen que comulgar los ciudadanos y las empresas asentadas en el país. Amnistía Internacional asegura que China es el país con más ciberdisidentes en prisión del mundo. Comunicar con grupos contrarios al régimen comunista en el exterior, firmar peticiones en Internet o simplemente escribir a favor de reformas o del final de la corrupción es motivo para ir a la cárcel. Según el periodista británico Jonathan Watts, un ejército de más de 30.000 agentes se dedican a peinar Internet en busca de desleales y críticos.

Cómo se ejerce el control

El bloguero Chema Alonso nos comenta que controlar todas las comunicaciones no es una tarea sencilla técnicamente, pero sí posible. «Solo es cuestión de ir poniendo tecnología de monitorización en cada punto de la red», explica. Para Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa y autor de «Todo va a cambiar», los gobiernos adoptan dos vías para el control: una técnica, basada en la implantación de tecnologías que ejercen un control mediante muestreo o técnicas de Deep Packet Inspection (DPI); y otra más social y psicológica, que consiste en el reclutamiento de miles de personas que simulan apoyo a las instituciones o amenazan a los opositores, dando lugar a que la sensación de vigilancia, de control o de miedo se extienda entre la población.

China cuenta con un complejo sistema de control ciudadano amparado en decenas de regulaciones, conocido como el Gran Firewall.

Por su parte, Vicente Díaz, técnico de Kaspersky, cree que hoy es fácil controlar Internet en un país. Para demostrarlo hace números: «Cada vez hay más tecnologías, como proxies o VPN para burlar el cerco, pero el 99% de la población no puede acceder a la misma. Solo los terroristas o los mafiosos son capaces. En este sentido, creo que pagamos todos con nuestra libertad por el mal comportamiento de unos pocos».

Los políticos no son tan pesimistas. Fuentes del Partido Popular en España reconocen casos de control de las comunicaciones por parte de algunas dictaduras como China o Cuba, pero añaden queInternet es «sinónimo de libertad, de comunicación, de información y que sería muy difícil intentar controlar la información en la Red al igual que es muy difícil poner diques al mar».

Al contrario, Sofía Boscá, una española que trabaja en Pekín, sufre cada día la censura en Internet. «Aquí no puedo acceder a Facebook, Picasa o YouTube, o a aplicaciones como Google Docs». Además, cuando hay algún asunto delicado en política internacional que afecta a China, Boscá nota cómo se ralentiza el acceso a los buzones de Gmail o Hotmail. Sin embargo, muchos burlan la censura conectándose a servidores (proxy) que no operan en la China continental y sí en lugares cercanos, como Hong-Kong.

Las empresas extranjeras que operan en el país se cuidan mucho de cumplir a rajatabla con las normas del Gobierno. Esto significa aceptar una lista de sitios a los que no pueden acceder, con el peligro de que, si lo hacen, el servidor bloquee el acceso durante 48 horas. En algunos casos, recuerda Boscá, el trabajador «díscolo» puede ser incluso despedido. Dans asegura que el problema no es que China o Irán vulneren los derechos de sus ciudadanos, «pues en realidad nadie esperaba que los respetasen». A su parecer, la gran tragedia reside en que «gobiernos supuestamente democráticos como Estados Unidos, el Reino Unido o España miran a esos países y directamente copian sus actitudes y herramientas».

El día a día en España

En este punto, cabe preguntarse: ¿Es tan grave la cosa en España? Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, dice que hay motivos para la preocupación, toda vez que «la lucha por los derechos civiles ha comenzado desde Internet y es en la Red donde se está librando la batalla por la defensa de las libertades». A estas alturas, nadie duda de que, sin las redes sociales, la «primavera árabe» no habría sido posible, pero tampoco movimientos sociales como el 15-M o el estadounidense Occupy Wall Street habrían tenido el seguimiento que alcanzaron.

Al no existir una ley de transparencia, resulta difícil saber hasta qué punto se están violando los derechos fundamentales de los usuarios de Internet.

Luis Corrons, director técnico de Panda, dice que el asunto es serio y que, si la ciudadanía no toma conciencia del mismo, «corremos el riesgo de que, en no mucho tiempo, Internet, tal y como la conocemos, desaparezca». Se refiere Corrons a que, para controlar un entorno tan anárquico, libre y cambiante, los poderes podrían exigir un pasaporte digital, al estilo del DNI, y que haría muy fácil seguir el rastro digital del internauta. Vicente Díaz dice que cada vez la cosa se pone más fea para los internautas y que «ha llegado el momento de decir basta». «Para justificar los cortapisas a la libertad, se enarbola la bandera de la seguridad y la lucha terrorista, pero es difícilmente demostrable que el control de Internet ayude a resolver estos problemas», explica.

Dans dice que Internet rompe la asimetría informativa y la unidireccionalidad. Es decir, cualquiera con voz y unos pocos medios puede expresarse sobre cualquier asunto de interés público, «y eso irrita enormemente al poder».

Desde UPyD, Dolores González, coordinadora del grupo de trabajo de propiedad intelectual, ve que hay una tendencia y una intención de distintos intereses públicos y privados por controlar Internet. «Hemos de estar vigilantes con cada nueva legislación que imponga una censura, aunque sea velada», advierte.

El bloguero Yago Jesús sostiene que el debate de seguridad versus libertad se ha polarizado en exceso. «El escenario ideal», en su opinión, sería aquel donde «existan los suficientes medios como para perseguir al delincuente que robe una tarjeta e igualmente sea posible que hechos como el affaire del Rey en Bostwana sean debatidos sin censuras en las redes sociales». Para Vicente Díaz, de Kaspersky, las medidas preventivas en Internet no tienen justificación. «Todo el dinero que gastan los Gobiernos debería dedicarse a reparar daños o educar a la sociedad».