Asociaciones de Internautas tachan la Ley Sinde de inconstitucional

La ambigua redacción del texto de la enmienda a la Ley de Economía Sostenible deja abierta la puerta al cierre de cualquier web de forma preventiva

26 enero 2011

Diversas asociaciones y organizaciones sociales, entre las que se encuentran la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Internautas (AI), la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) y la Asociación de Música en Internet (AMI), han manifestado su oposición a la tramitación de la denominada Ley Sinde en el Senado tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Partido Popular y Convergencia i Unió.

Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI

Las Asociaciones de Usuarios de Internet (AUI) e Internautas (AI) presentaron ayer una petición para que se estudie la posible inconstitucionalidad del texto de la Ley Sinde, ya que «el texto propuesto dice que “se podrá actuar no sólo contra quien cause un daño, sino contra quien sea susceptible de causar un daño patrimonial", es decir, que deja la puerta abierta a la a actuación preventiva contra empresas y ciudadanos algo que, en opinión de la Asociación de Usuarios de no tiene cabida en nuestra Constitución». Como ha remarcado en rueda de prensa Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, «esta Ley criminaliza los enlaces, que son la base de Internet».

La propuesta de estas organizaciones pasa por cambiar el modelo de negocio de la industria cultural «desde un modelo en el que se comercializaban soportes hacia el actual, en el que se consumen los contenidos de otra manera». Según Pérez Subías es necesario que se desarrollen nuevas formas de comercialización de los contenidos culturales para evitar que el usuario tenga que pagar varias veces por consumir un mismo contenido, como ocurre en la actualidad.

Entre las principales reclamaciones de las entidades representantes de los usuarios destaca la designación de una comisión encargada de decidir si una web es susceptible de causar daños a los propietarios de los derechos de los contenidos protegidos, «una comisión integrada por representantes de tres ministerios, es decir, de origen político, y sin tutela judicial», según Víctor Domingo, presidente de la AI, que considera que «el problema de fondo es que con esta Ley los jueces quedan al nivel de notarios», que certifiquen una decisión ya tomada por la comisión.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, Miguel Errasti, ha resaltado el perjuicio que esta enmienda a la Ley de Economía Sostenible puede suponer para los proveedores de hosting españoles, «ya que la inseguridad jurídica que representa puede llevar a que los propietarios de los sitios web decidan trasladar sus páginas a proveedores extranjeros no sujetos a nuestra legislación». Esta organización ha solicitado al Gobierno que abra un período de consultas para que los costes asociados no recaigan en los proveedores de hosting españoles.

Finalmente, la Asociación de Música en Internet, que representa a los creadores musicales que gestionan sus derechos de autor mediante licencia copyleft, ha advertido que la Ley Sinde puede resultar perjudicial para este colectivo, «que utiliza Internet como un medio de promoción para su trabajo, y también son creadores».

Una Ley sin diálogo

Ente las reclamaciones de estas organizaciones se encuentra también la ausencia de diálogo con el Ministerio de Cultura: «pese a nuestros repetidos intentos de comunicación y peticiones a la ministra de Cultura, en ningún momento se nos ha recibido para conocer nuestra opinión sobre esta enmienda», explica Pérez Subías, que insiste que en ninguna mesa de negociación han estado presentes estas asociaciones representantes de los internautas que, «en la actualidad, somos todos los ciudadanos».