Reportaje

Canon digital: antes pagaban algunos y ahora todos

Analizamos las últimas decisiones del Gobierno de imputar la polémica tasa a los Presupuestos Generales del Estado y vemos qué opciones tienen los usuarios de recuperar su dinero

Juan Ignacio Cabrera

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11 marzo 2013

Analizamos las últimas decisiones del Gobierno de imputar el canon a los Presupuestos Generales del Estado y vemos qué opciones tienen los usuarios de recuperar su dinero.

El polémico canon digital sigue dando que hablar. Una de las tasas más controvertidas (que no cuantiosas) de este país y que durante años ha enfrentado a los autores de contenidos, capitaneados por la SGAE, con los internautas o los fabricantes y distribuidores de CD, DVD o discos duros portátiles, ha vuelto a ser noticia. Y es que el Gobierno decidió el pasado 7 de diciembre destinar tan solo cinco millones de euros a compensar a los creadores por las copias de sus obras realizadas durante 2012, una cifra muy inferior a los 115 millones que salieron de los Presupuestos Generales del Estado el año anterior para el mismo fin. Como viene siendo habitual con este canon desde que existe, mucha personas entraron de lleno en la polémica.

La Generalitat advierte que reclamará a la SGAE la devolución del canon digital

Como era de esperar, los autores, representados por casi una docena de entidades de gestión, pusieron el grito en el cielo por considerar que la cantidad que esta vez les reservaba el Gobierno era «insuficiente, humillante e inmoral». Además, según el periodista Arcadi Espada, portavoz hasta hace poco del Instituto Ibercrea, que defiende los intereses de Cedro o SGAE, entre otras, el Gobierno «desprecia al sector cultural» y lo pone «en una situación de amenaza y desprotección».

Por su parte, los usuarios, a través de la Asociación de Internautas (AI), dicen que la decisión castiga al contribuyente y hace que vuelvan a pagar justos por pecadores. «Todo el mundo paga, haga o no copia privada», ha recalcado Víctor Domingo, presidente de la asociación. Domingo sostiene que tirar del erario público supone universalizar el coste y es una decisión inaceptable. Como alternativa, la Asociación de Internautas propone que el canon se incluya en el precio de la obra original. «Es una buena propuesta, pero no la hemos podido discutir siquiera porque Cultura no ha tenido el tacto de hablar con los internautas», protesta. Hay también quien propone gravar la banda ancha con la que muchos usuarios se descargan contenidos protegidos.

Derechos de autor indiscutibles

Los derechos de autor y la compensación a los mismos por la copia privada hunden sus raíces en la legislación europea y española desde hace más de medio siglo. En consecuencia, hoy 22 de los 27 países de la Unión Europea (con la excepción UK, Irlanda, Malta, Chipre y Luxemburgo) establecen mecanismos de compensación. Los encontronazos surgen a la hora de establecer el modo y la cuantía. Mientras que unos estados siguen recurriendo a la aplicación de una tasa en el momento de comprar el soporte o dispositivo de copia, como la que se aplicaba en España hasta finales de 2011, otros se inclinan por cargarlo a los Presupuestos Generales, como ocurre ahora. Pero, con esta segunda modalidad, también surgen dudas sobre la cuantía. ¿Por qué 5 millones de euros y no 3 u 80? El Gobierno paga a ejercicio vencido y en función de una serie de estadísticas (presupuestos familiares o consumo cultural en los hogares). Sin embargo, la AI habla de oscurantismo en el método de fijación de esta cantidad y denuncia que la compensación del Gobierno en 2011 (115 millones de euros) la fijó directamente la SGAE.

El Gobierno aprueba un nuevo modelo de canon digital

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Una de las primeras medidas de Rajoy cuando llegó al Gobierno fue cancelar el anterior canon digital, que pagaba el usuario cuando compraba un DVD virgen, un disco duro portátil, un escáner, una impresora o incluso un teléfono móvil (curiosamente el PC, a pesar de llevar disco duro, nunca tuvo un recargo por este motivo). Como apuntaron los medios de comunicación en aquel momento y como ahora recuerdaAlejandro Touriño, abogado especializado en TI en el despacho Écija, al Partido Popular lo movieron sobre todo intereses políticos para dar este paso. Y es que, a cambio de eliminar el canon, el PP tenía el apoyo necesario para sacar adelante la controvertida e impopular Ley Sinde, una patata caliente que le dejó Zapatero y que permitía agilizar el cierre de páginas web de descarga de películas o música.

El Gobierno reforzará la Ley de Propiedad Intelectual

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A los juzgados

Padawan Traxtore

• El pleito ganado por la firma catalana Padawan a la SGAE en marzo de 2011 abre el camino a los que quieren recuperar la tasa.

Muchos usuarios que durante años han pagado el canon a través del sobreprecio abonado en multitud de aparatos y soportes (que iba desde los 17 céntimos de un CD a los 12 euros de un disco duro portátil en 2008) se preguntan si podrían recuperar su dinero, toda vez que nunca dedicaron el soporte adquirido a copiar obras protegidas y sí archivos personales o de trabajo. Alejandro Touriño, abogado de Écija, dice que para los particulares existe la opción de acudir a la vía civil en los Juzgados Mercantiles alegando «enriquecimiento injusto» de terceros, aunque el panorama para que prospere sea «poco halagüeño».

Sin embargo, la cosa cambia cuando el usuario es una empresa o una institución. En marzo de 2011, y tras siete años de pleitos con la SGAE, la empresa Padawan, propietaria de la tienda de informática Traxtore, marcó un hito. Un juez de Barcelona le dio la razón a Padawan, que no pagaba el canon por los soportes que comercializaba. La sentencia consideraba que el canon no podía aplicarse de manera indiscriminada y que solo debía ser tenido en cuenta en el caso de que el soporte se destinara a copia privada. El juez comprobó que muchos clientes de Padawan eran empresas que solo usaban los discos para almacenar datos propios y no obras protegidas. La sentencia se inspiraba en lo dicho en octubre de 2010 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respondiendo también a una consulta de la propia Padawan. De esta forma, la tienda catalana consiguió rebajar de 48.000 a 18.000 euros el canon exigido por la SGAE para el periodo 2002 -2004.

Una sentencia da la razón a Padawan frente a la SGAE

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Alejandro Touriño recuerda que la copia privada es una facultad limitada a particulares, y que las empresas u organismos que se decidan a solicitar la devolución del canon «no tendrán que acreditar que los aparatos y soportes que fueron gravados con el canon no fueron utilizados para fines privados». «Por eso, con aportar las facturas que justifiquen su adquisición sería suficiente», explica.

Más de 20 años de polémicas

En 1987 se estableció por primera vez un canon. En aquel momento, lo tenían que pagar los compradores de casetes y cintas de vídeo, o el estudiante que usaba una fotocopiadora. Sin embargo, la multiplicación de dispositivos de copia que trajo consigo el mundo digital llevó a que en los sucesivos años se extendiera el abanico de aparatos susceptibles de ser gravados. Primero fueron los CDs y DVDs, y luego, ya en 2008, se unieron los discos duros portátiles, las memorias USB, los reproductores de MP3, los teléfonos móviles o las agendas electrónicas. En definitiva, todo lo que llevara un disco duro donde almacenar canciones o películas.

La industria informática, que siempre puso el grito en el cielo, logró sin embargo que los ordenadores, equipados con unidades de almacenamiento cada vez más potentes, no entraran en esta lista. Muy perjudicados salieron, sin embargo, los discos duros de bolsillo, unos dispositivos que, a pesar de su reducido precio (en torno a 50 euros), tenían que pagar hasta 12 euros en concepto de canon. Sin embargo, en 2011, el Gobierno del Partido Popular dio un giro y, aprovechando la mala imagen de la tasa y de sus promotores, sobre todo la SGAE, la eliminó. Al PP también le sirvió el movimiento para encontrar apoyos a la hora de aprobar la polémica Ley Sinde. En lugar de la tasa, España se dotó de un sistema de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Un sistema que, por el momento, tampoco contenta a nadie. Los autores piden más dinero y los usuarios no entienden que sigan pagando justos por pecadores.

¿Qué pasa en otros países?

Al día de hoy la mayoría de estados reconocen la copia privada y la necesidad de que se compense a los autores de obras protegidas por derechos de autor, como canciones, películas o libros. Hasta 22 de los 27 países de la UE así lo hacen. Luego, la casuística es muy variada y, mientras que unos estados no ven bien que se compense con cargo al erario público, otros consideran que es la mejor manera de proteger la cultura autóctona.

Crea un DVD a medida

En el ámbito anglosajón, la cuestión es radicalmente distinta. En países de referencia como Estados Unidos o Reino Unido, o en Irlanda, no existe sistema compensatorio alguno. En Estados Unidos hablan de «fair use» y se permite el uso de material con copyright si no hay ánimo de lucro, no perjudica al titular o es para material escolar. Los ingleses, por su parte, lo denominan «fair trading» y alguien que se lo salta puede ser perseguido por la vía penal. En otros países más pequeños, como Malta, Chipre o Luxemburgo, tampoco hay canon o compensación alguna.