Derechistas de autor

La fuerza del Manifiesto por los Derechos Fundamentales en Internet elaborado como alérgica reacción a la chanchullería que se gasta la SGAE y los políticos que la arropan, ha demostrado que esto no es asunto de unos cuantos piratas locuelos, sino de muchísimas personas cuanto poco mejor informadas sobre la realidad en la Red que los que nos gobiernan

Derechistas de autor

12 febrero 2010

LÓGICA DISCRETA #226
Se libra estos días en el Reino de España una batalla entre dos bandos de derechistas. Pero no crean que estos derechistas son gente de derechas, no. Los derechistas de esta liza son, por un lado, los partidarios del concepto continental del derecho de autor. Enfrentados a ellos están los defensores de las libertades y derechos fundamentales, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual de Internet.

Lo más curioso de esta batalla no es esto, sino que ambas partes, tanto la que quiere dar cerrojazo a las libertades en la Red con tal de evitar las descargas no autorizadas (siempre en nombre de los derechos de los creadores) como la que defiende la libertad de las descargas aunque esto pueda ocasionalmente perjudicar a la industria de los contenidos (pero salvaguardando los derechos de los ciudadanos), esgrimen la vitalidad de la cultura como argumento persuasor.

Para el gremio «candadista», la cultura es aquello que se genera, se vende y se compra, y si no existe quien lo compre, quien lo vende se quedará sin motivo de generarlo. Para los #manifestantes anti-candado, la cultura es primordialmente aquello que se comparte, y su compartición beneficia al total de la sociedad, incluidos los creadores. Pero lo que ambos defienden son otros derechos. Los primeros defienden sus propios derechos patrimoniales, y los segundos, los fundamentales de todos, como son la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva.

Los candadistas tienen una ventaja: son parte del grupo privilegiado que literalmente dicta las leyes y enroca y desenroca ministros de Cultura. Esta vez han conseguido llevar a trámite un Anteproyecto de Ley que deja en manos de una comisión administrativa la potestad de cerrar servicios en la Red bajo la sola acusación de «vulnerar la propiedad intelectual», con el sello de un juez de la Audiencia Nacional que no entrará en el fondo de si de verdad existe vulneración, sino si la acusación se hace en tiempo y forma.

Como decía la Reina de Corazones de Lewis Carroll, «¡primero la sentencia, después el veredicto!». La Audiencia Nacional, que apenas da abasto con cientos de delitos reales (terrorismo, tráfico de influencias, corrupción, grandes quiebras), dedicará parte de sus limitados recursos a realizar cierres de páginas web por un procedimiento casi idéntico al de la Ley de Prensa franquista de 1966. Da lo mismo que haya la firma de un juez: sin sentencia, no debería haber cierre.

Las sentencias llegarán más tarde (años más tarde, dada la velocidad de la justicia española), y lo más probable es que sean favorables a páginas web ya cerradas vía el embudo de los derechistas de autor. Digo que es lo más probable, porque hasta ahora los jueces han resuelto unánimemente a favor de las páginas de enlaces, en ocasiones sobreseyendo los autos por no encontrar indicios de delito.

Esta es la razón de la estrategia actual de la industria del copyright: si no pueden conseguir acabar con las páginas de enlaces en juicios justos, lo harán por el procedimiento de enfangar a sus responsables en el marasmo de la lentitud del procedimiento. Ya se sabe esa maldición gitana, tan española, de «juicios tengas y los ganes».

La batalla aún no está perdida para los otros derechos, los derechos fundamentales. La fuerza del Manifiesto por los Derechos Fundamentales en Internet (buscad #manifiesto en Google) ha demostrado que esto no es asunto de unos cuantos locos, sino de muchas personas bien informadas. Catedráticos de derecho y jueces han declarado que este mecanismo de censura tiene todos los boletos para ser declarado inconstitucional.

Los propios políticos del PSOE, como Alfredo Rubalcaba y Félix Lavilla, se mostraron contrarios a que una ley destinada para otra cosa se usara para «controlar el flujo de la información». Fue en 2002, cuando la propuesta de ley era la LSSI del PP. La situación es distinta, pero el fondo es el mismo: no hay razón para que hayan cambiado de opinión ahora, a no ser que les hayan convencido los derechistas de autor.
Por Javier Candiera, columnista habitual en PC Actual

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