Los que descarguen música online continuarán siendo anónimos

Promusicae (Asociación de Productores de Música de España) no ha conseguido una sentencia de Bruselas que obligue a las operadoras a facilitarle los datos personales de los usuarios sospechosos de descargar ilegalmente archivos de música

Los que descarguen música online continuarán siendo anónimos

29 enero 2008

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que el derecho comunitario "no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil", lo que ha supuesto un revés para Promusicae que pretendía de esta manera identificar a esos usuarios.

 

Telefónica se amparó en la legislación española, que no obliga a facilitar datos de los usuarios en el marco de una investigación civil, para negarse a facilitar esos datos personales.

 

La sentencia del Tribunal de la UE ha evaluado los conceptos de propiedad intelectual, privacidad y comunicaciones electrónicas y protección de datos personales. Para recordar que, según la normativa europea, este último también puede tener excepciones, como la creación de medidas para proteger otros derechos y libertades. Así, pese a que la norma no obliga a divulgar los datos personales en un procedimiento civil, tampoco excluye que cada Estado tome la decisión que considere adecuada. Como era de esperar, el Tribunal recomienda que cada poder judicial estatal establezca una conciliación entre el derecho a la intimidad -que ampararía a los usuarios de redes P2P- y el respeto de los derechos de autor, garantizando "un justo equilibrio".

 

Promusicae, que se refiere a la descarga de archivos como "lacra" (sin distinguir si hay o no ánimo de lucro), expresó su deseo de que los gobernantes españoles "promuevan mecanismos que permitan la colaboración de los ISP".

 

A los elementos de protección de la propiedad intelectual y de los datos personales, se suma que la legislación española sólo considera que hay delito en las descargas de obras con copyright cuando el usuario obtiene beneficios económicos de ellas, como se desprende de varias sentencias previas.