El futuro del P2P: cuidado con tus descargas

Las entidades de gestión y el Gobierno preparan el terreno para parar en seco el intercambio de canciones o películas de los usuarios a través de Internet. La guerra entre los usuarios y la industria de los contenidos es inminente

El futuro del P2P: cuidado con tus descargas

4 junio 2009

Os acordaréis del guirigay que se montó hace un año con el asunto del canon digital, con partidos políticos, asociaciones de usuarios, artistas, fabricantes de dispositivos y colectivos de la más diversa índole enzarzados en una discusión interminable y llena de zancadillas. Pues bien, en semanas o meses podría estallar una bomba de relojería de mayores proporciones.

Y es que, en estos momentos, la industria de la cultura, representada por las entidades de gestión de derechos, está negociando con las operadoras perseguir y cortar el servicio, si es necesario, a los internautas que descarguen canciones, películas o videojuegos sin pagar con la ayuda de programas como eMule o BitTorrent.

Todo ello con la connivencia del Gobierno y, más exactamente, del Ministerio de Cultura. Como en el caso del polémico canon digital, la otra parte, la de las asociaciones de usuarios, está dispuesta a plantar batalla jurídica y mediática para parar lo que, según ellos, es injusto y supone un anacronismo y un intento de poner puertas a Internet.

Industria contra las cuerdas

Una cosa está clara en este choque de trenes: la industria de la cultura está contra las cuerdas. En el año 2000 se vendían en España 80 millones de discos, la cifra actual es de 25 millones. Por su parte, la industria cinematográfica también cae en picado.

En los pasados doce meses, las entradas vendidas descendieron casi un 8%. Según datos de la consultora Gfk aportados por la SGAE, en 2008 se descargaron en este país más 2.000 millones de canciones, 350 millones de películas y 50 millones de videojuegos.

Las discográficas, las entidades de gestión de derechos, los responsables de nuestro cine y el Ministerio de Cultura lo tienen claro: más que la crisis económica, un modelo de negocio caduco o el top manta, la culpa de sus males hay que buscarla en las descargas de Internet. Ellos hablan de «piratería», una palabra que no quieren ni oír las asociaciones de usuarios, que aseguran que los únicos piratas son los que atracan barcos en las costas de Somalia.

Desde Egeda, la entidad que defiende los derechos de los productores de cine y televisión, Octavio Dapena, adjunto a la dirección, considera que al descargar obras sin respetar sus derechos de propiedad intelectual «estamos hipotecando la realización futura de nuevas obras. El cine y la música son una industria que necesita un mercado con la suficiente seguridad jurídica que garantice su explotación».

Teddy Bautista, uno de los personajes «más odiados» del país y que dirige una de las instituciones también más denostadas por la opinión pública, la SGAE, va más allá al considerar que la descarga de archivos por redes P2P (peer to peer), como eMule o Bittorrent, no solo son una ilegalidad que pone en jaque a la industria cultural, sino que supone «una quiebra del sistema de valores morales».

Sin embargo, también están los que creen que Internet ha cambiado las reglas del juego y que la industria, sobre todo las poderosas discográficas, no se ha sabido adaptar y mantiene los mismos productos y canales de venta que hace 20 o 30 años. Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de usuarios Facua, asegura que la industria tiene que darle un valor añadido a lo digital y habla de articular un modelo de negocio presidido por la publicidad.

Hace poco, Pedro Pérez, presidente de FAPAE, Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles, reconocía que lo ideal sería ir a modelos de pago directo o donde haya una marca que patrocine la descarga de una película, como en la televisión. El profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans asegura en su blog que este sector sigue poniendo en el mercado «productos innecesarios y del siglo pasado»”.

Además, estableciendo un paralelismo con el también polémico canon digital, pone el dedo en la llaga cuando dice: «Que hacer dos clics en dos vínculos de mi navegador sea una acción ilegal, pero estafarme 10 euros por una tarrina de CD que vale ocho no lo sea es un contradiós tan grande y tan absurdo que simplemente clama al cielo». Por otro lado, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, pone en duda las propias cifras de bajadas de las entidades de gestión, alegando que «no hay horas suficientes para descargar tanto como dicen».

Galimatías jurídico

Una de las cuestiones más controvertidas de este asunto es la consideración jurídica de las descargas mediante redes P2P. Hay que empezar diciendo que en el caso del top manta no existe ninguna duda. Está claro que la venta en la calle, que suele estar organizada por mafias, atiende a un claro fin de lucro y, por lo tanto, está tipificado como delito en el Código Penal.

También es claro el delito en el caso de sitios en Internet que van más allá del intercambio entre particulares y ofrecen, sin permiso de nadie, películas o canciones por una tarifa o gracias a los ingresos de la publicidad que exhiben en la página. Otra cosa es cuando hablamos de intercambio de ficheros entre particulares. Desde luego, el hecho de conectarse al eMule y descargarse una película no es delito, como muchas veces sugiere la industria, aunque sí es perseguible por la vía civil.

Y es que, según el último desarrollo de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) de 2006, descargar música o películas sin consentimiento del autor es un ilícito civil, es decir, no supone delito, pero es una práctica contraria a la propia ley y, en consecuencia, el internauta puede verse obligado a indemnizar a los autores.

Esta consideración puede llevar a situaciones «surrealistas», según Rubén Sánchez. Y es que, según el portavoz de Facua, leer poesía en voz alta a un grupo de 20 amigos también va contra la ley. El pasado diciembre, una campaña del Ministerio de Cultura, Si eres legal, eres legal, lo dejaba muy claro. Allí se aseguraba que es falso que «el intercambio de música y contenidos a través de programas peer to peer no necesita autorización y son legales».

Al bajarse una obra protegida siempre hay una explotación de derechos de propiedad intelectual que deben ser autorizados; si esta autorización no se da, hay una violación de derechos perseguible civilmente. Sin embargo, muchos sostienen que todavía no ha habido un juez en España que haya dado una sentencia a en contra de ningún usuario. Es más, a principios de enero de este año, miembros de la plataforma de internautas Hacktivistas.net tuvieron el cuajo de acampar en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE para denunciar «las mentiras» del Gobierno.

Compartir archivos es «perfectamente legal», ya que «no existe ninguna sentencia en contra de ningún portal o usuario de P2P que haya promovido o descargado música o películas protegidas con copyright», reconocían los miembros de Hacktivistas, mientras, en pleno centro de Madrid, se descargaban una película que no se puede encontrar en España o un libro que está descatalogado desde hace años.

Además, recordaban que, en 2006, la Fiscalía General estableció que «compartir música o películas no puede ser perseguido penalmente, y que el mero hecho de descargárselas está amparado por el derecho de copia privada, un derecho que debemos seguir ejerciendo y exigiendo». «Por la vía civil», aseguraba esta plataforma, «es imposible que te demanden, pues sería ilegal por un asunto civil que revelasen quién está detrás de tu IP».

Aquí llegamos a otro asunto clave. Y es que en la obtención de pruebas para demostrar que un usuario descarga archivos protegidos se pueden vulnerar derechos más básicos que aquellos que se intentan defender. Una persecución de este tipo chocaría con derechos como el de la intimidad, el secreto de las comunicaciones o incluso el de la libertad de expresión, que deberían estar siempre por encima del de la propiedad intelectual y que están tipificados en el Código Penal. Rubén Sánchez lo tiene claro: «Si alguien me espía por este asunto, se las tendrá que ver conmigo en los tribunales».

No obstante, el portavoz de la organización de consumidores con sede en Sevilla no descarta que la fuerza de la industria cultural, que hace todo lo posible para atemorizar a los internautas, lleve a los políticos a cambiar el Código Penal.

Sin P2P, ¿para qué queremos banda ancha?

Las próximas semanas o meses serán cruciales para ver en qué para esta polémica. Ante las dificultades jurídicas que presenta el tema, los creadores se han acercado a los únicos que pueden mediar para poner vallas al inmenso campo de Internet: los proveedores de acceso.

Es un secreto a voces que Redtel, que aglutina a Ono, Orange, Vodafone y Telefónica, está ultimando un pacto con las sociedades de gestión de derechos de autor y el Gobierno para identificar y limitar la capacidad de acceso o suprimir la conexión, si llegara el caso, a los internautas reincidentes en la descarga de música o películas desde redes P2P.

Sin embargo, empresas como Telefónica y Ono, con millones de abonados de ADSL y cable, están en una encrucijada. Por un lado, les interesa llevarse bien con el Gobierno y, en algunos casos, son accionistas y animadores de la propia industria cultural que ahora les pide colaboración. Pero, por otro, sus mejores clientes lo son, precisamente, porque tienen el ancho de banda necesario para descargar todo tipo de archivos.

En caso de que encuentre limitaciones, cabe preguntarse qué incentivo tendría un usuario para seguir pagando una factura que, además, pasa por ser de las más caras de Europa. «¿Podrá soportar España cuatro millones de bajas de clientes de banda ancha?», se pregunta Víctor Domingo, que prevé bajas masivas de clientes de ADSL y cable si el acuerdo llega a buen puerto.

Además, Domingo recuerda que a las bajadas de ingresos habría que sumar las posibles indemnizaciones por incumplimiento de contrato de las operadoras. «Un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la sociedad de la información en España, menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento».

Mientras tanto, desde Egeda y otras entidades de la industria cultural, se ve normal que el Gobierno y las operadoras medien en este conflicto. «Los usuarios que utilizan indebidamente Internet están perjudicando a los que hacen una utilización responsable», asegura Octavio Dapena, de Egeda, que añade que esta saturación obliga a las operadoras a invertir constantemente en mejorar la red.

El ejemplo francés

El modelo que, según todas las fuentes consultadas, está en mente del Gobierno es el francés. En el país vecino se está debatiendo en la Asamblea Nacional que las operadoras den tres avisos a los usuarios de redes P2P antes de desconectar o ralentizar la conexión.

La ofensiva de la industria en toda Europa para perseguir las redes P2P es palpable. En el Reino Unido, sin embargo, se ha dado marcha atrás por las complicaciones legales que tendría y una de las propuestas que contempla es aplicar una tasa a aquellos usuarios que hagan un uso más intensivo de estas redes, siguiendo el modelo de canon digital. Y en Noruega, un ministro se ha mostrado públicamente en contra de cualquier limitación.

A pesar de todo, Enrique Dans se muestra en su blog pesimista al asegurar que el problema es puramente generacional. «Tenemos una generación de políticos en los que predomina la ignorancia sobre Internet. Estamos gobernados por trogloditas tecnológicos que ven ‘piratería’ por todas partes y que piensan que si alguien pasa tiempo delante de una pantalla no puede estar haciendo nada bueno».

Casi la mitad del software es pirata

Los programas de informática sí que son una víctima clara de la piratería. Según cálculos de la BSA, la patronal que persigue la copia ilegal de aplicativos, España es uno de los países de Europa con mayor índice de fraude. Nada menos que un 43% de los programas se copian o instalan ilegalmente. Este problema es acuciante en el ámbito del diseño gráfico, donde, además, el precio de las aplicaciones es más alto.

El problema radica en el escaso respeto a la propiedad intelectual y a la errónea idea de que por el software no se paga. Una falta de respeto que empieza en el propio canal de distribución de informática, pues, según Microsoft, casi la mitad de los establecimientos vende o instala software sin licencia.

Por otro lado, a la queja de muchos usuarios de que los programas son muy caros, Luis Frutos, presidente de BSA en España, responde: «Es una percepción falsa, porque el software ha reducido su precio aproximadamente dos tercios, al igual que lo ha hecho el hardware. En el campo de las aplicaciones de gestión, una de las más pirateadas tiene un precio en el mercado de 90 euros».

Como consecuencia de esta lacra, las empresas locales de informática y Hacienda, vía impuestos, dejan de facturar cada año más de 600 millones de euros. Además, se calcula que la piratería en este terreno condena en España más de 5.000 puestos de trabajo.

Sitios web de interés

www.sgae.es

www.enriquedans.com

www.siereslegalereslegal.com

www.compartiresbueno.net

www.hacktivistas.net

www.internautas.org

www.facua.org

www.egeda.es

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