Un juez italiano condena a Google por un vídeo alojado en su servicio web

La sentencia puede suponer un peligroso precedente al recaer en los titulares de los servicos web la responsabilidad penal de lo que hagan o digan los internautas en sus sitios… y curarse en salud como hacen actualmente en Cuba, China o Irán

Un juez italiano condena a Google por un vídeo alojado en su servicio web

25 febrero 2010

Persiste la estrategia de acoso y derribo de los gigantes de Internet… hasta que no pasen por caja. Si primero fue una «torpeza» de la Ley de Economía Sostenible del Gobierno Zapatero en donde se colaba una coletilla promovida por el lobby de los gestores de derechos de autor, y que seguido su espíritu al pie de la letra y actuando con toda consecuencia lógica obligaría al Estado española a cerrar al mismo Google (así como el resto de buscadores) por contener links que redirigen a páginas de descargas; y después unas no tan veladas insinuaciones del mandamás de la operadora de telefonía dominante en España y otros países que los alojadores de contenido y generadores de tráfico de datos en Internet deberían pagar también por el empleo que hacen los internautas de las redes de telecomunicaciones…, ya solo quedaba que se materializase en una sentencia judicial (aún no firma puesto que será recurrida) el que constase en acta que es responsabilidad de los empleados de los servicios web de alojamiento todo el contenido albergado en sus servidores que terceros pudieran haber subido, incluso sin su conocimiento efectivo. Lo cual obligaría a, sólo en el caso concreto de Google, revisar uno a uno las 20 horas de vídeos que se suben a YouTube cada minuto.

«El tribunal ha puesto de manifiesto tanto un desconocimiento fundamental de la web como un flagrante desprecio por la libertad de expresión», señala Padraig Reidy, editor de noticias de Index on Censorship, una organización británica que lucha por defender la libertad de expresión y contra la censura en Internet. Jo Glanville, también compañera suya, declaraba en relación al caso que saltó ayer a los teletipos: «Italia está consolidando su reputación como un país que pone en peligro la libertad de prensa, que pretende imponer su corta visión al resto del mundo. La premisa de este veredicto no haría viable Internet -y espero que sea revocada en apelación».

Los antecedentes
Unos chavales de un instituto de formación profesional en Turín grabaron en mayo de 2006 un vídeo en donde se mofaban de un compañero suyo mientras que el resto de la clase permanecía impertérrita. Meses después, uno de ellos alojó la grabación en el servicio gratuito Google Vídeos, donde estuvo dos meses subiendo en el ranking de visionados (llegó al puesto 29 con más de 5.500 visitas).

Pero no a todos los que vieron el vídeo les pareció decente, y empezó a montarse una cola de comentarios incendiarios sobre la oportunidad del mismo y la falta de vergüenza de sus autores. De hecho, el chico al que se maltrataba sufre autismo, lo que descalifica directamente a sus compañeros de clase. Denunciado el caso por los familiares del chaval, Google Vídeo retiró la grabación y ayudó a la policía italiana a localizar al responsable de haberlo subido. De hecho, se consiguió identificarlos sin problemas y un juez los condenó a diez meses de trabajos para la comunidad. Aunque quizás no fueron suficientemente diligentes…

La propia familia renunció a procesar al Google, pero un fiscal de Turín, a instancias del consejo municipal, junto a una asociación de amigos del síndrome Down (Vivi Down, pese a que el chico es autista), quisieron enarbolar la bandera de la dignidad hasta sus últimas consecuencias persiguiendo durante estos tres años la manera de lograr una condena ejemplar. El resultado ha sido una sentencia a seis meses de cárcel a tres de los cuatro empleados de Google a los que se responsabiliza de haber alojado en sus páginas un vídeo subido en su día por un desconocido anónimo.

Estos tres empleados no son precisamente unos mindunguis (David Carl Drummon, ex presidente del Consejo de Administración de Google Italia y actual vicepresidente senior, George de los Reyes, ex miembro del Consejo de Administración de Google Italia y actualmente jubilado, y Peter Fleitcher, responsable para las estrategias de privacidad en Europa de Google; el otro inculpado era Arvind Desikan, responsable del proyecto Google Vídeo para Europa, finalmente absuelto), y aunque no se presentaron al juicio, ni mucho menos pasar por prisión, piensan apelar la sentencia por violación de la intimidad (el otro cargo por difamación fue desestimado, así como el resarcimiento económico a las partes implicadas). Entre tanto, el juez ha ordenado que tres diarios de máxima difusión (Corriere della Sera, La Repubblica y La Stampa) que publiquen la sentencia.

Las consecuencias
El buscador en Italia considera que la condena a tres de sus directivos «representa un ataque a los fundamentos de la libertad en Internet», dijo Marco Pancini, portavoz de Google Italia, quien añadió respecto al dislate que los condenados «no lo colgaron, no lo grabaron, ni pudieron verlo, y que si se culpase a los responsables de Facebook o YouTube del material que se cuelga, significaría el final de Internet tal y como lo conocemos».

El embajador estadounidense en Roma también tuvo que salir al paso ya que se pone en cuestión la responsabilidad de los proveedores de servicios ante contenidos creados por terceros, y en una nota oficial difundida se admite que «el vídeo era ofensivo y como tal punible», pero discrepa de que «los proveedores de servicios en Internet sean responsables del contenido subido por sus usuarios antes de que éste haya sido notificado o denunciado por inapropiado».

Para el gobierno Obama, «el principio fundamental de la libertad en Internet es vital para las democracias que valoran la libertad de expresión y está protegido por los que valoran la libertad». La Secretaria de Estado Hillary Clinton ya lo dejó claro el pasado 21 de enero que un discurso en el que hacía referencia a una Internet libre como derecho humano inalienable que debe ser protegido en las sociedades libres, aunque también matizaba que «aunque todas las naciones deben protegerse contra los abusos, la existencia de material ofensivo no debiera ser una excusa para violar este derecho fundamental».

La sentencia vuelve a incidir sobre el debate de la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por los contenidos generados por terceros que albergan en su sitio. Italia ya planea endurecer la ley para incrementar la responsabilidad de éstos en tales casos, mientras que en España la actual ley exige al menos para perseguir al proveedor que éste tenga «conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización».

Por otro lado, esta sentencia contradice la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, que limita la responsabilidad de los prestadores de servicios por actividades intermedias, tales como el almacenamiento de información (en este caso, hosting de vídeos). A lo más que están obligados es a que comuniquen a las autoridades información que permita identificar a los propietarios de las páginas alojadas, algo que Google hizo en su momento.

La sentencia sienta un precedente histórico ya que supone la primera vez que se condena a ejecutivos de empresas intermediarias como Google del contenido subido por los usuarios anónimos. Un representante de Google, Matt Sucherman, actual vicepresidente y viceconsejero Legal en EMEA, escribía en el blog corporativo lo que a sujuicio es un grave menoscabo para la libertad en Internet: «ataca los principios más elementales de la libertad sobre la que Internet está construida», ya que si la sentencia se hiciera firme por instancia superiores supondría que Google tendría que controlar previamente cualquier contenido que se subiera a sus múltiples servicios. Y no solo Google: «La creencia, acertada en nuestra opinión, era que un régimen de este tipo, basado en la notificación y retirada de contenidos ilícitos, ayudaría a desarrollar la creatividad y fomentaría la libertad de expresión al tiempo que protegía la privacidad personal. Si se ignora ese principio y sitios como Blogger, YouTube y, por extensión, todas las redes sociales y cualquier tablón de anuncios de una comunidad, pasan a ser responsables de vetar cada pieza de contenido que se sube a ellos - cada texto, cada foto, cada archivo, cada vídeo – entonces Internet tal y como la conocemos, dejará de existir».

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