Neutralidad amenazada

César Alierta, el presidente de Telefónica, abrió la caja de los truenos al asegurar que los buscadores de Internet deben pagar a las operadoras por el uso que hacen de las redes

Juan Ignacio Cabrera

Neutralidad amenazada

1 julio 2010

Últimamente le están saliendo muchas chinas en el zapato a Google. Las autoridades han puesto al buscador en el punto de mira porque, por su tamaño y por el alcance de sus tentáculos, podría estar infringiendo la legislación antimonopolio. Por su parte, los editores de libros y periódicos le exigen repartir el suculento pastel de la publicidad en Internet porque piensan que son ellos, sus autores y periodistas, los que nutren de contenidos las búsquedas de los usuarios y servicios como Google News.

Ahora, además, las operadoras de telecomunicaciones también quieren sacar tajada al prometedor negocio de la publicidad on-line. Como los editores, se quejan de que el buscador se vale de su trabajo y esfuerzo, consistente en instalar y mantener las redes sobre las que circula el tráfico de información, para engordar sus arcas. Es un tema del que se viene hablando a todos los niveles desde hace unos años, que está muy maduro en Estados Unidos o en los países nórdicos, pero que en España se ha situado en el centro del debate muy recientemente a raíz de unas declaraciones de César Alierta, el presidente de Telefónica, en el Hotel Ercilla de Bilbao.

En aquella reunión de principios de febrero, Alierta, a micrófono abierto y con las cámaras de televisión apuntándole, dijo lo siguiente: «Los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada, lo cual es una suerte para ellos y una desgracia para nosotros. Pero es evidente que esto no puede seguir. Las redes las ponemos nosotros, los sistemas los hacemos nosotros, el servicio posventa lo ponemos nosotros, la instalación la hacemos nosotros, el customer care lo hacemos nosotros… Nosotros lo hacemos todo y es evidente que eso no puede seguir. Esto va a cambiar. Estoy convencido».

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• «Los buscadores de Internet utilizan nuestras redes sin pagarnos nada…, pero es evidente que esto no puede seguir», ha declarado César Alierta, presidente de Telefónica, avivando la polémica.

La propuesta de Alierta, que pide que el que más use la Red pague, pone en cuestión el sacrosanto principio de la neutralidad de Internet (net neutrality), que, de forma más o menos tácita, acompaña el desarrollo de la infraestructura de datos desde su fundación y que afirma que la Red ha de tratar por igual todo el tráfico que circula por ella, impidiendo a las operadoras discriminar a un proveedor de contenidos o una página comercial, por mucho tráfico que ésta pueda concentrar. De esta forma, un contenido que sea bueno e interesante es accesible a todos, independientemente de quién sea su creador. Esta cualidad, según defienden los usuarios y los proveedores de contenidos, que se alinean en este debate frente a las operadoras y los fabricantes de equipos de red, es la que ha permitido que los más pequeños hablen en igualdad de condiciones que las grandes corporaciones.

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Para el profesor del Instituto de Empresa Enrique Dans, que, nada más oír las declaraciones de Alierta en Bilbao, aseguraba en su blog que las palabras del presidente de Telefónica eran una gran «irresponsabilidad y una muy mala noticia», eliminar la neutralidad significa transformar Internet en otra cosa. «Internet sería algo más parecido a la radio o la televisión: solo aquellos con ‘licencia’, capaces de pagar para que su tráfico vaya más rápido, podrían en realidad emitir sus mensajes. El resto quedaríamos relegados a una Red lenta que muy poca gente utilizaría».

Pero no quedaría ahí la cosa, pues Dans advierte de que romper el principio de neutralidad serviría al poder político para ejercer un «control» sobre Internet. «Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, la neutralidad de la Red equivale al principio de igualdad y no discriminación y su defensa es esencial para evitar que en el futuro Internet acabe bajo el control de unos pocos», explica Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Miguel Ángel Expósito, director de Campus Party, aporta un matiz que suele salir en muchas conversaciones sobre el tema y que consiste en recordar a Telefónica sus orígenes de compañía pública. «Hay países en que las infraestructuras telefónicas fueron instaladas con dinero público y ahora son utilizadas por compañías privadas que obtienen beneficios». No obstante, Expósito está de acuerdo con que se debe dar un debate sobre quién mantiene y mejora la infraestructura de Internet, aunque también se debe poner el acento en la creación de aplicaciones más ligeras y eficientes o de nuevos servicios de valor añadido.
Vodafone pide sosiego

Del otro lado de la cuerda tiran sobre todo las operadoras de telecomunicaciones, como Telefónica o Vodafone, y los proveedores de equipos de Internet, como Cisco, Nokia o Alcatel, que han advertido que si se impone la neutralidad en la Red se va a impedir a los suministradores de servicios de banda ancha invertir en una mejora de la infraestructura y en ofertas avanzadas. PC Actual trató, sin éxito, de conocer la postura de Telefónica. Sin embargo, sí tuvo acceso al portavoz de comunicación de Vodafone en España, José Romero. Lo primero que pide Romero es que se rebajen los ánimos y se plantee el debate de una forma menos apasionada y centrándolo en las capacidades de Internet. «Aquí se habla mucho de principios, pero no se menciona la escasez de recursos a las que nos enfrentamos todos. La discusión debe partir del hecho demostrable de que hay recursos escasos. En la Red hay mucho tráfico ligero de e-mail, pero también mucho tráfico pesado, muchos camiones, en forma de descargas de vídeo o de streaming». Según las cifras de Vodafone, el tráfico de datos se multiplica por cuatro cada dos años y la inminente popularización de los smart­phones puede añadir problemas de congestión de las redes.

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Cisco, por su parte, calcula que entre 2007 y 2012 crecerá hasta seis veces el tráfico en Internet y que las redes actuales no podrán soportarlo. Además, se sabe que el 10% de los usuarios que hace un uso más intensivo genera el 60% del tráfico y que el 6% de todo el tráfico mundial tiene como punto de partida Google. «Ante este panorama, una solución sería no hacer nada, pero al final todos tendrían un servicio más pobre. Otra opción sería construir autopistas rápidas, pero hay que cobrarle a alguien por ellas, lo que acabaría siendo muy caro para todos. Una tercera opción sería dejar que los clientes elijan, como en las carreteras, donde pueden irse a la de peaje o permanecer en la de toda la vida». Romero, que asegura que su compañía ha invertido en España más de 3.500 millones de euros desde 2005, está convencido de que no hacer nada en estos momentos llevará a un declive general, pero vuelve a pedir que la discusión sea sosegada. «En las carreteras hay autopistas de pago para los que quieran ir más rápido y nadie se plantea grandes debates al respecto», apostilla Romero.

Enrique Dans, por su parte, asegura que tanto las empresas de Internet como los usuarios ya pagan por el ancho de banda que utilizan, «una factura que además no es en absoluto barata y que permite a las empresas de telecomunicaciones estar entre las más rentables del mundo». En definitiva, Dans denuncia que lo que al final buscan las telecos es cobrar dos veces por lo mismo. Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, concede que podría ser de justicia que los buscadores, que hacen un uso intensivo de las redes, tuvieran que pagar parte de la factura de mantener Internet; sin embargo, considera que el problema no está bien explicado y que los argumentos dejan de ser convincentes en España, uno de los países con el ADSL más caro y lento de toda Europa.

El «suicidio» de Google

¿Qué dicen Google y los mayores proveedores de contenidos, como eBay, Amazon o Sony? A finales del año pasado, los directivos de estas compañías remitieron una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), una entidad que depende del Congreso de los Estados Unidos y que tiene la última palabra en materia de regulación, defendiendo que la neutralidad ha supuesto una era de crecimiento y creatividad sin precedentes y que permite competir tanto a la gran multinacional como el pequeño negocio. Sin embargo, algunas informaciones recientes, como una proveniente del Wall Street Journal, aseguran que firmas como Google, que rehusó participar en este reportaje, podrían estar en conversaciones con operadoras para disponer de vías más rápidas con las que suministrar sus servicios.

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• Se sospecha que Google está en conversaciones con las operadoras para disponer de vías rápidas para suministrar sus servicios, además de andar detrás de la creación de una red de fibra óptica de hasta 1 Gbps.

Además, las telecos también temen otras maniobras de Google, que por un lado pide que no se la discrimine, mientras que por otro está creando una red de fibra óptica de altísima velocidad (hasta 1 Gbps). Enrique Dans entiende que cualquier colaboración con las operadoras «sería un suicidio» para el buscador. «Si Google u otras empresas decidiesen pagar por asegurarse el tráfico rápido o no degradado, algo que pueden hacer, estarían en realidad fallando a los usuarios, que no podrían pagar y quedarían relegados a una Red de menor categoría. Google vive de los contenidos que los usuarios generamos, de indexar el vertiginoso crecimiento de la Red y, por tanto, no puede tomar medidas que dificulten dicho crecimiento».

El tema está en el alero y depende tanto de la voluntad de las empresas como de las autoridades. El Gobierno español, que a escala local es el que tiene la última palabra, por el momento mantiene una postura ambigua. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo hace poco que la posibilidad de exigir un peaje a los buscadores es «una opción a estudiar», aunque matizaba que si finalmente hay compensación para las telecos por parte de los buscadores, esos ingresos adicionales deberían trasladarse a los usuarios. Sin embargo, en el programa electoral el PSOE se comprometió a desarrollar un marco legal para garantizar «la neutralidad de la Red en la distribución y puesta a disposición de los contenidos» (página 131 de ese documento). Por su parte, fuentes del Ministerio de Industria consultadas por PC Actual aseguran que uno de sus objetivos es «establecer requisitos mínimos de calidad para evitar la degradación del servicio y la obstaculización y ralentización del tráfico en las redes». Aunque, por otra parte, esas mismas fuentes, confirman que no tienen intención de imponer «a priori» limitaciones a las relaciones comerciales que puedan establecer operadas y proveedores de contenidos.

Enrique Dans considera que el Gobierno de Zapatero manifiesta «una supina ignorancia en este tema y una voluntad de dejarse influir por los lobbies de turno». «El apoyo a la neutralidad en el programa electoral no quería decir nada; no sabían ni lo que era, simplemente intuían que no ponerlo les restaría votos, pero las recientes declaraciones del ministro Sebastián han dejado muy claro lo que este Gobierno sabe de neutralidad en la Red».

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Internet móvil, también bajo sospecha

Cabe preguntarse cuál es la situación al día de hoy. ¿Hay ya servicios o páginas de segunda en la Red? Enrique Dans asegura que existe discriminación en la Internet móvil debido a que se trata de «un entorno en el que todavía existe escasez de ancho de banda». «Si quieres usar una aplicación de voz IP en tu móvil, es posible que encuentres ese uso bloqueado por tu operadora», declara Dans, que también augura que este tipo de intermitencias irán desapareciendo a medida que se incremente la capacidad y se apliquen los protocolos establecidos por gobiernos como el estadounidense a la hora de preservar la neutralidad.

En este ámbito, Vodafone, que es de los primeros que permite el uso de voz sobre IP en su red 3G, ha recibido críticas de usuarios que han considerado que su propuesta de eliminar límites en la navegación desde el móvil esconde la intención de ralentizar la conexión a los que no paguen por el servicio premium, el denominado Internet Ilimitado con Calidad Oro. Y es que la operadora garantiza en sus «tarifas ilimitadas» la velocidad máxima que permita la red y el módem, siempre que no haya congestión, momento en el que los premium tendrán prioridad.
En las declaraciones de César Alierta en Bilbao, las que encendieron la mecha y pusieron el debate sobre la neutralidad de Internet en primera línea informativa, el primer ejecutivo de Telefónica no mostraba dudas sobre el hecho de que las cosas van a cambiar. Es decir, Alierta está seguro de que al final los buscadores y otros proveedores de contenidos de éxito en Internet van a sufragar parte del coste que supone tener una Internet de calidad. José Romero, de Vodafone, asegura que no le consta que en estos momentos haya alguna operadora en España hablando con el Gobierno a este respecto. También confirma que su compañía no está negociando con buscadores como Google o Yahoo! Sin embargo, las palabras de Alierta sí dejan entrever que, con el beneplácito del Ejecutivo, las operadoras puedan estar abordando fórmulas de colaboración con los buscadores para que quién más use la Red, pague.

¿Qué pasa en Estados Unidos?

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Aunque el debate sobre la neutralidad de Internet es reciente en España, donde la atención ha estado siempre centrada en el tema de la piratería y las descargas, en Estados Unidos y los países nórdicos, por ejemplo, ya llevan años hablando de net neutrality. Al otro lado del Atlántico, el presidente Obama se ha postulado a favor de la neutralidad de los operadores, mientras que el republicano McCain ha pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que se abstenga de intervenir y que sean las empresas las que libremente establezcan acuerdos si lo ven conveniente. No obstante, a finales del año pasado, la FCC cambió algunas normas con el fin de tener en cuenta algunas excepciones. Así, las operadoras podrán discriminar el tráfico para descongestionar la red, contener la proliferación de spam o virus, combatir la pedofilia o impedir las infracciones de los derechos de autor. En definitiva, las telecos podrán intervenir por cualquier motivo que garantice «una gestión razonable de la Red».

De todas formas, el forcejeo entre compañías de telecomunicaciones y firmas de Internet no ha estado exento de encontronazos. En 2008, la operadora Comcast fue advertida de que dejara de castigar el tráfico generado por las redes P2P, mientras que, en 2009, Google actuó contra sus principios, a juicio de ATT, al cortar las llamadas gratuitas de su servicio Google Voice a destinos rurales de Estados Unidos por el coste que le suponían. El mundo al revés: en este caso era el buscador el que era denunciado por la teleco por trato desigual a sus clientes. José Romero, de Vodafone, dice que hay que tener en cuenta que el de la neutralidad de la Red es un debate que nace en Estados Unidos y allí el Gobierno ha favorecido esta neutralidad porque muchos de los grandes proveedores de contenidos, como Google, Microsoft, Yahoo!, Amazon o eBay, son firmas con origen en aquel país.

La censura política es el otro gran problema

Aunque las operadoras, con su intento de cobrar a los sitios que más tráfico generan, pueden romper el statu quo de Internet, no hay que olvidar que el ataque más claro y directo a la neutralidad de la red es el que procede de los censores políticos. El caso de China, que mantiene neutralizadas miles de páginas, es paradigmático, y sobre todo su enfrentamiento con Google. Recordemos la historia. En mayo de 2005 el buscador obtiene una licencia para operar en el país asiático. Unos meses más tarde comienza a operar, aunque reconoce desde el primer momento que filtra contenidos para cumplir con las exigencias del régimen comunista, que vigila con mano de hierro la información «subversiva» que puede llegar a sus ciudadanos.

En septiembre de 2009, el presidente de Google China abandona la firma para fundar su propio negocio y a principio de este año estallan las desavenencias al descubrirse que hackers chinos supuestamente vinculados al Gobierno de Pekín atacan los servidores corporativos de Google. Finalmente, y tras un intento fallido de investigación de los hechos en el que se llega a implicar la Casa Blanca, Google cierra su buscador chino el 22 de marzo y redirige las búsquedas a un sitio alojado en Hong Kong, desde el que es posible servir información sobre la matanza de la plaza de Tiananmen en 1989, sobre el movimiento religioso de Falun Gong y sobre el Dalai Lama y la independencia de Tíbet, todo lo que espanta al régimen chino. No obstante, China está aplicando a las búsquedas que hacen en este buscador sus ciudadanos un filtro que impide igualmente llegar a estos contenidos. La cuestión ahora es que ha cambiado el censor: mientras que antes era la propia Google la que se aplicaba para borrar de antemano la información sospechosa, ahora es el Gobierno comunista el que tiene que atajar el torrente informativo antes de que llegue a la población. Con este movimiento, Google saca los colores a Pekín y a Bing, el buscador de Microsoft, que se somete a la censura sin rechistar.

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Pero no solo China está en el punto de mira cuando se habla de censura en Internet. La ONG Reporteros sin fronteras denuncia, en su último informe, aparecido en marzo de este año, la delicada situación que se vive en Arabia Saudita, Burma, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y Vietnam. Otra vez vuelven a ser los contenidos políticos o religiosos los que quedan prohibidos. Asimismo, bajo vigilancia de la ONG están países como Turquía, Rusia, Tailandia, Corea del Sur o incluso la muy occidental Australia, que está diseñando un gran cortafuegos para impedir que los proveedores de acceso distribuyan contenidos de pornografía infantil, drogas o violencia de género.