La Ley Sinde podrá bloquear páginas webs extranjeras

El Ministerio de Cultura presentó el borrador del Real Decreto que marcará el funcionamiento de la Ley de Economía Sostenible, que incluye las medidas antidescargas, conocidas como Ley Sinde

Ley Sinde

14 abril 2011

El Ministerio de Cultura presentó el borrador del Real Decreto que marcará el funcionamiento de la Ley de Economía Sostenible, que incluye las polémicas medidas antidescargas, conocidas popularmente como Ley Sinde.

El texto despeja una de las dudas más planteadas por la ciudadanía al asegurar que un organismo judicial competente, hablamos de la Audiencia Nacional, tendrá la potestad para bloquear el acceso a una página web de descargas ilegales que se encuentre alojada en el extranjero.

De esta manera, un juez podría hacer un llamamiento a las compañías de telecomunicaciones para que interrumpan la conexión, desde territorio español, a las páginas que vulneren los derechos de autor.

El  Congreso rechaza la «ley Sinde»

El borrador también concreta el procedimiento a seguir para bloquear una página web. En primer lugar, el titular de derechos presentará una denuncia a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (el texto niega a este órgano la capacidad de actuar de oficio), que tendrá que esperar un permiso del juez para identificar al responsable de la página denunciada. Tras comunicarle la denuncia, la Ley ofrece un plazo de 48 horas para retirar los contenidos señalados.

Si el responsable de la web no elimina los contenidos se abrirá un nuevo periodo de cinco días para que ambas partes presenten conclusiones. Una vez hecho esto, la Comisión dispondrá de otros tres días para dictar su decisión. Si se resuelve que existe contenido que vulnere algún derecho de propiedad intelectual, se ordenará la retirada de ese contenido en un intervalo de 24 horas. Finalmente, si no se produce esa retirada se forzará el cierre de la página.

Este largo proceso no convence en absoluto a la Coalición de Creadores, que engloba a la mayor parte de la industria cultural de nuestro país, que exige medidas más drásticas para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual porque temen que los procedimientos de cierre se eternicen.

En concreto, vaticinan que los responsables de las páginas webs acusadas retirarán, en el plazo de 48 horas que ofrece la Ley, el contenido ilícito, para subirlo de nuevo una vez que se archive el procedimiento. Es por ello que la principal exigencia que la Coalición expone al Gobierno es la de perseguir la conducta reincidente porque, si no fuera así, esta Ley «no servirá de nada».

Para cargarse de razones, han hecho públicos las cifras de pérdidas causadas por la piratería y las descargas: 10.774 millones de euros en 2010. Según la Coalición la piratería en el sector del libro asciende a un 43%, en los videojuegos un 66%, las películas se fijan en el 76%, y la música se lleva la palma con un escalofriante 98%.

Por si fuera poco, los creadores lamentan el retraso de la Ley, ya que se espera que las primeras denuncias comiencen a tramitarse a finales de octubre (la Comisión de Propiedad Intelectual tiene previsto constituirse a finales de agosto).

Sin embargo, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde se muestra más optimista en unas declaraciones realizadas hoy, dónde afirma que «la piratería va a ser un recuerdo del pasado en muy poco tiempo». Para finalizar, González-Sinde aseguró que el desarrollo del reglamento será «escrupuloso con la Ley» y su objetivo «no es perseguir, sino fomentar un mercado legal competitivo».

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