Software, mercado y sociedad libre

Aprovechamos estos meses vacacionales para recopilar las contribuciones a PCA de uno de los indiscutibles amos de la blogosfera hispana: con ustedes, la dosis diaria de Javier Candeira, uno de los principales artífices de Barrapunto

Software, mercado y sociedad libre

21 agosto 2008

LÓGICA DISCRETA (#193, FEB2007)

El efecto de la Proposición no de Ley de apoyo al Software Libre es el contrario al que se pretende: casi prohíbe exigir como condición en concursos públicos que el programa sea libre. Un triunfo más para el proteccionismo y una derrota más al libre mercado

 

Decir lo contrario de los hechos, esa es la esencia de la propaganda. Lo que no se espera es que lo haga el parlamento de una nación. La Proposición no de ley de apoyo al Software Libre impide la exigencia de licencias libres en la contratación de programas informáticos por parte de las administraciones. Después de esto, uno se espera una ley de apoyo a la familia que prohíba tener niños sólo porque a uno le gusten los niños.

 

Menos mal que es una proposición no de ley porque, si no, iríamos dados. Si la libertad de mercado tiene alguna ventaja es que los agentes económicos pueden buscar los mejores proveedores sin estar atados por normas o coacciones. Y éste es el punto 7 del texto aprobado en el Congreso:

 

«7. Introducir el criterio de que en todo concurso público o compra de aplicaciones o desarrollos a medida por parte de la Administración Pública se deben evaluar tanto las soluciones de software libre como las de software propietario, en caso de existir, bajo los criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperabilidad, evitando recomendaciones o preferencias sólo en función del tipo de licencia de la solución».

 

Con la redacción de este proyecto de «apoyo», cualquier empresa privada de España puede exigir como punto no negociable en sus concursos que un programa tenga una licencia libre, pero no así la Administración. Es una bonita manera de cortarles los pies a los funcionarios y de asegurarse de que la empresa privada compite en mejores condiciones que la Administración Pública.

 

Éste es un efecto secundario no deseado de un texto aprobado por compromiso y sin pensar en sus consecuencias. Pero al ciudadano no le consuela nada que se gobierne mal por incompetencia y no por malicia. De hecho, con frecuencia, un tonto bienintencionado puede hacer mucho más daño.

 

La falacia que hay detrás de la redacción del texto legal es ignorar que la licencia es un requisito tan importante o más que el coste, la funcionalidad, la seguridad y la interoperabilidad. La disponibilidad de código fuente y el permiso de usarlo de la manera en que a uno mejor le parezca pueden ser condiciones imprescindibles para que una organización pueda ejercer su derecho a la libre contratación (poder despedir a un proveedor y contratar a otro para mantener su infraestructura de software). Gracias a este punto 7, copiado directamente de la definición de «Neutralidad Tecnológica», según el monopolista convicto Microsoft, la Administración carece de una herramienta vital para contratar.

 

Como dice José María Lancho, del Observatorio de Neutralidad Tecnológica, «si no comprendemos que algo tan esencial como es la arquitectura informática de nuestra Administración, si [ésta] no responde ni atiende a los principios de libertad, participación e igualdad de los que partimos, vamos a llegar más antes que tarde a un destino del que no seremos dueños pero sí seremos responsables».