Solo para adultos... ¿Sexo seguro por Internet?

El sexting, contracción de las palabras sex y testing, es un anglicismo de nuevo cuño que se utiliza para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles

Pedro López (MartínAndino Abogados)

sexting

6 marzo 2013

El sexting, contracción de las palabras sex y testing, es un anglicismo de nuevo cuño que se utiliza para referirse al envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles.

Y en este concepto puede enmarcarse la comentada difusión de un vídeo de contenido sexual protagonizado por una concejala de Los Yébenes, Toledo. Pese a ser descargado cientos de miles de veces, los abogados de la persona afectada no han podido hacer nada contra su distribución masiva, al estar colgado probablemente de portales y servidores ubicados en territorios extranjeros que carecen de sensibilidad alguna ante denuncias, requerimientos de la policía o mandamientos judiciales de otros países.

 

Sin consentimiento, hay delito

Muy posiblemente, la complicada situación por la que atraviesa la concejala de Los Yébenes no tendrá consecuencias penales para aquel o aquellos que hayan difundido el vídeo. La clave se encuentra en el artículo 197.1 de nuestro Código Penal, que considera delito de descubrimiento o revelación de secretos la conducta en virtud de la cual una persona se apodera de los papeles, cartas, mensajes de e-mail o cualesquiera otros documentos o efectos personales de otro sin su consentimiento y con el fin de vulnerar su intimidad.

Hace ya varios años, un Juzgado penal de Badajoz condenó a un informático que obtuvo fotos de contenido sexual hackeando los ordenadores de personas próximas a un cargo político de dicha ciudad para su difusión. Obviamente, la obtención de dichas fotos se realizó sin el consentimiento de la persona perjudicada, lo que entra de lleno en el tipo penal que se define en el artículo 197.1.

Sin embargo, en el caso de la concejala, según parece, fue ella la que voluntariamente grabó y envió el vídeo a un tercero, siendo este –suponemos–,quien traicionó su confianza al realizar un primer envío de dicho vídeo y dar así comienzo a su difusión viral. Por lo tanto, la valoración penal del caso podría quedarse en nada, aunque quizás puedan quedar abiertas otras vías, como la posible infracción de la normativa en materia de protección de datos personales o la vulneración de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, intimidad y la propia imagen.

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