Los titulares de webs de enlaces podrán ir seis años a la cárcel

El nuevo Código Penal que ha propuesto el Ministerio de Justicia contempla penas de hasta 6 años de cárcel para los propietarios de las webs de enlaces, una de las actividades más controvertidas en torno a la piratería de obras audiovisuales

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia

23 mayo 2013

El nuevo Código Penal que ha propuesto el Ministerio de Justicia contempla penas de hasta 6 años de cárcel para los propietarios de las webs de enlaces, una de las actividades más controvertidas en torno a la piratería de obras audiovisuales, que además ha generado sentencias absolutorias en los tribunales españoles en varios casos en los últimos años.

En el anteproyecto de Ley que Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, ha remitido al Consejo de Estado para su revisión se atribuye delito a los propietarios de las webs de enlaces, incluso aunque sean los usuarios los que publican estos links a contenidos protegidos. Las penas pueden variar de dos a seis años e irán aparejadas con multas proporcionales al beneficio obtenido o que pudiera haberse obtenido con los contenidos distribuidos de forma ilegítima (entre dos y cuatro veces más del beneficio estimado).

El artículo 271 del anteproyecto establece que un juez o un tribunal podrán ordenar el bloqueo del acceso a las citadas webs, su interrupción y la retirada de los contenidos.

Por cuanto se refiere a la distribución propiamente dicha de obras protegidas sin autorización de sus autores, el nuevo Código Penal contempla penas de cárcel de entre uno y cuatro años. Los infractores que obtenga beneficio con la copia ilegítima y distribución de estas obras podrán ser castigados con penas de entre seis meses y tres años de cárcel.

En este apartado se hace referencia a la venta ambulante, cuyos promotores y colaboradores podrán ser multados y encarcelados en diferentes grados. Por ejemplo, en el caso de que el beneficio económico no sea muy elevado y si el infractor no tiene antecedentes podría sustituirse la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

También la fabricación y posesión de tecnología o dispositivos que permitan anular las protecciones de programas o aplicaciones será motivo de delito, con penas de entre seis meses y tres años.

El anteproyecto de la reforma del Código Penal será revisado por el Consejo de Estado antes de su remisión al Consejo de Ministros. Puedes descargar el documento en PDF aquí.