No todo vale en la Red: derechos y deberes del internauta

Aunque parezca que lo que hacemos en Internet es anónimo y que todo vale, nuestros actos en la Red están sometidos a las mismas reglas que rigen el mundo físico. Conviene no olvidarlo para evitar sorpresas

Juan Ignacio Cabrera

No todo vale en la Red: derechos y deberes del internauta

12 mayo 2010

Ya hay más de 20 millones de cibernautas en España que acuden a Internet para informarse, pero también para comprar artículos, lanzar opiniones, comunicarse a través de redes como Facebook o Tuenti, subir vídeos a YouTube o descargarse películas. Y lo hacen desde casa, desde el PC del trabajo o mientras viajan. Cada una de estas actividades –comprar, opinar, desvelar detalles de la vida privada propia o de la de terceros…– está tan regulada como la que tiene lugar en el mundo físico. Sin embargo, el supuesto anonimato que proporciona la Red y la dispersión de los datos (que muchas veces se alojan en servidores residentes en terceros países) hacen que muchos piensen que vagan por una ciudad sin ley donde no hay que dar cuenta a nadie de nada. Campea la máxima del «todo vale», como dice el blogger y experto en derecho aplicado a las nuevas tecnologías Miguel Ángel Mata.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. Un buen ejemplo es el de aquellos que hacen sus pinitos en el mundo del periodismo digital. «Cuando un internauta ejerce el periodismo ciudadano y difunde sus opiniones en la Red, por ejemplo a través de su blog, ha de saber que adquiere los mismos deberes y responsabilidades que los profesionales de la información. Ello implica que es responsable de que la información sea veraz, contrastada y respetuosa con la dignidad de las personas implicadas», recuerdan Laura Martínez y Megan Rogers, del bufete de abogados Simmons & Simmons. En este sentido, Blas Piñar Guzman, abogado de Bird & Bird, asegura que hoy en día se plantean multitud de disputas concernientes a la lesión del honor, la intimidad o la imagen de terceras personas, pues resulta mucho más sencillo publicar informaciones o comentarios acerca de los otros. Es lo que en la terminología anglosajona se conoce como «libelo».

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• El blogger Julio Alonso tuvo que indemnizar a la SGAE y reproducir la sentencia que le condenaba.

Javier Prenafeta, experto en derecho y nuevas tecnologías, reconoce que el usuario medio de Internet está desconcertado: «Por un lado, tiene en su mano herramientas y servicios que le permiten realizar lo que quiera con la información y contenidos de la Red, casi sin limitación y de forma sencilla, y no comprende que existan determinadas barreras legales para lo que él considera habitual, o bien cree que estas actividades no tienen ninguna consecuencia. Entiendo que hace falta una mayor información, principalmente en cuanto a los aspectos de privacidad y protección de datos personales y en materia de propiedad intelectual». Alejandro Touriño, de Écija, un despacho especializado en denuncias por actos ilícitos en Internet, acude al término «huérfano digital» para designar a aquel usuario, especialmente menor de edad, que, careciendo de un código de comportamiento en la Red, no sabe enfrentarse a los riesgos que Internet plantea.

Además de estafas como el phishing y el robo de números de tarjetas de crédito, los casos que más recurrentemente llegan a los despachos jurídicos y los tribunales tienen que ver básicamente con tres temas: vulneraciones del derecho al honor y la intimidad, la protección de datos de carácter personal y la propiedad intelectual e industrial.

La descarga de películas

Uno de los temas más mediáticos de los últimos años es el de la condición legal de las descargas en sitios P2P. La pregunta es clara: ¿Qué implicaciones jurídicas existen para un internauta que comparte películas o música? Javier Prenafeta dice que existe unanimidad en considerar que «en la medida en que el usuario no realiza un uso lucrativo de esos contenidos, sino personal, esas conductas no constituyen delito, y así lo corrobora la famosa circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que destacaba trascendencia penal en el intercambio de obras por estas redes». Lo que sí se da es un acto ilícito (artículo 20.2.i de la LPI, que se añadió en 2006), «pues constituyen actos de explotación no autorizados que no pueden ampararse en la copia privada».

En sentido estricto, la película que descargamos requiere la autorización del autor para circular por una red P2P. Incluso si el autor se acoge a licencias copyleft o de otro tipo, la distribución debe respetar una serie de premisas. La realidad demuestra que esto casi nunca es así, y la mayoría de archivos protegidos circula por Internet sin que el autor lo sepa ni haya consentido. Sin embargo, los que han aprovechado la vía civil para ir más allá han chocado con las limitaciones que impone la Ley 25/2007, que, por ejemplo, impide que las operadoras puedan facilitar datos de conexión, tráfico e identificación de personas si no es, incluso con autorización judicial, para la persecución de delitos graves. Derechos fundamentales como el del secreto de las comunicaciones o el de la intimidad quedarían conculcados si una operadora puede actuar en función de lo que sus usuarios envían por sus redes. «Debemos ser especialmente cautos para no caer en el error de criminalizar la actividad de los internautas y mucho menos de hacer un uso ligero de las limitaciones de los derechos fundamentales que están en juego», advierten Laura Martínez y Megan Rogers, de Simmons & Simmons. De hecho, Pedro López, del despacho MartínAndino Abogados, recuerda que hace unos meses el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictaminó que Telefónica no estaba obligada a facilitar a un juez datos personales de los internautas que realizaban descargas con el programa Kazaa, con lo que se desactivó una iniciativa judicial de Promusicae, asociación que reúne a los productores de música españoles.

Otra cosa es cuando hay ánimo de lucro. Aquí el internauta debe tener mucho cuidado, puesto que el plagio o la copia con fines crematísticos pueden llevarle literalmente a la cárcel. El artículo 270 del Código Penal es claro al respecto: «Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica… en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares…».

No obstante, como recuerda Blas Piñar Guzmán, ahora mismo estamos en un momento de indefinición, por cuanto las reformas previstas en la Disposición Primera de la Ley de Economía Sostenible están destinadas a acabar con aquellos sitios que permiten la descarga directa de contenidos protegidos y que además se lucran con ello. En principio, no está previsto que sirvan para importar el sistema francés, donde una autoridad administrativa advierte primero y ordena después el corte de la conexión a aquellos que se descargan un gran volumen de archivos protegidos.

Las disputas en torno a la propiedad intelectual e industrial no solo tienen como escenario una página de descarga de películas. Según Blas Piñar Guzmán, la usurpación de nombres de dominios, que dirime el ICANN, y el uso ilícito de marcas ajenas también es origen de conflicto.

Rapidshare

Protección de datos

La protección de datos es otros de los asuntos que más controversia crea. El bombardeo de publicidad que recibimos en nuestro correo electrónico o postal, o a través del teléfono, ha ido in crescendo. Además, las fuentes de esa información comercial suelen ser empresas a las que no recordamos haber facilitado nuestros datos. Sin embargo, a pesar de esa sensación de desamparo, si uno mira la ley, se puede dar cuenta de que todo son derechos para el usuario. «El usuario tiene derecho a ser informado sobre el tratamiento que se va a realizar de sus datos, a facilitar el consentimiento, a revocarlo en cualquier momento y a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación a los mismos», explica Pedro López.

En caso de que no se respeten estos preceptos, el usuario puede recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos, que abrirá un expediente y que puede imponer multas de hasta 600.000 euros, o ir a los tribunales ordinarios. El texto legal que regula este ámbito es la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, más conocida por sus siglas, LOPD. Para algunos, es precisamente la juventud de este texto lo que explica que todavía la sociedad, y sobre todo las empresas y administraciones, que son las depositarias de gran parte de nuestros datos, todavía tengan mucho que aprender. «La normativa sobre protección de datos se incumple diariamente, también en la Administración. El intercambio de bases de datos está a la orden del día y pocas veces se guarda especial celo en proteger esa información», asegura Javier Prenafeta.

Alejandro Touriño también señala que muchos problemas tienen su origen en la inconsciencia de los usuarios: «Muchas veces firmamos y aceptamos largos contratos con cláusulas de consentimiento de tratamiento de nuestros datos y no somos conscientes hasta que nos llega la publicidad correspondiente». Éste es precisamente el modus operandi de muchos servicios gratuitos en Internet. Otro problema para los internautas llega ahora con las redes sociales o profesionales. En 2008, la Agencia de Protección de Datos emitió una resolución de la que se desprende que, si un usuario de estas redes llega a tener un gran número de contactos o no limita el acceso a los datos, puede empezar a tener las obligaciones propias de una empresa, como es la inscripción obligatoria de los ficheros en la Agencia, hacer copias de seguridad u obtener el consentimiento de los interesados cuando sus datos aparezcan en el perfil.

Privacidad

• Aunque pueda resultar aburrido, es conveniente leerse las políticas de privacidad de los servicios a los que nos inscribimos, para evitar sorpresas.

¿Puedo ver mi correo personal durante las horas de trabajo?

Según un estudio de IDC, más del 30% del tiempo que un trabajador navega en la oficina lo dedica a ver páginas no relacionadas con su ocupación. Ese mismo informe asegura que el 60% de las compras que se hacen on-line tienen lugar en horario laboral. La cuestión es: ¿Puede nuestro jefe o el propietario de la empresa controlar a qué páginas entramos y para qué? Sí y no. Según Alejandro Touriño, del bufete Écija, la resolución de referencia en esta materia es una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de septiembre de 2007 que sancionó al empresario que había controlado el PC de su empleado por entender que se había vulnerado el derecho a la intimidad, al no haber sido advertido este último de que la máquina era objeto de control. Este es el patrón de conducta que se ha impuesto en este ámbito: solo se puede controlar la navegación de un empleado cuando previamente ha sido advertido de que tal control se va a efectuar y de su periodicidad.

Además, las empresas que quieren evitar abusos deben comunicar a su personal unas reglas de uso de los equipos informáticos. Es lo que los anglosajones llaman Políticas de Uso Aceptable y que en España algunas compañías ya están incorporando. Si estas circunstancias se dan, se entiende que el empleado no podrá acudir al argumento de que sus superiores han vulnerado derechos fundamentales como el que preserva su intimidad o el secreto de las comunicaciones. En cualquier caso, los expertos aconsejan que, para la aplicación de estas medidas, exista el máximo de consenso entre empresarios y trabajadores, y que haya cierta permisividad por parte de unos (permitiendo el uso del teléfono o de Internet para ciertas comunicaciones impostergables) y cierta responsabilidad por parte de los otros (evitando la descarga de películas o cualquier otra operación que suponga un consumo excesivo de ancho de banda o de tiempo).

Adiós a la intimidad

Otro de los temas que deben preocupar a los cibernautas es el de la privacidad y el derecho a la intimidad, que está reconocido por la Constitución Española. Los expertos son bastante pesimistas y consideran que hoy en día es muy difícil preservar la intimidad en un medio tan polifacético y ubicuo como Internet. Para colmo, las redes sociales complican más las cosas. No tenemos más que poner nuestro nombre en Google para ver hasta qué punto estamos presentes en la Red sin ser conscientes de ello. «Sin percatarnos, revelamos continuamente datos sensibles sobre nuestra personalidad, gustos, capacidad adquisitiva, hábitos sociales, lugar de residencia o entorno de trabajo, que pueden ser maliciosamente recolectados y utilizados de infinidad de maneras en nuestro perjuicio», advierten desde el bufete Simmons & Simmons.

El control de toda esta información es prácticamente imposible y nos podemos encontrar con sorpresas desagradables. Un ejemplo servirá para entender el problema: a raíz de procedimientos iniciados por usuarios, la Agencia Española de Protección de Datos suele requerir a Google que deje de indexar determinados contenidos extraídos del BOE o de Boletines Oficiales autonómicos o provinciales que informan al instante, por ejemplo, de que un internauta tuvo hace 10 años una multa de tráfico impagada. Sin embargo, ese supuesto control que existe dentro de nuestras fronteras se esfuma cuando los datos están alojados en el extranjero, algo que suele ocurrir muy a menudo.

También proliferan los casos de vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, que está recogido en el artículo 18 de la Constitución y tiene el máximo nivel de protección. Muchas personas, amparadas por el supuesto anonimato de un foro, en un blog o en Twitter aprovechan para injuriar y faltar al respeto. Sin embargo, en opinión de Miguel Ángel Mata, «las probabilidades que tienen de no ser descubiertos son escasas». Es ya famosa, en este ámbito, la sentencia contra el blog de Julio Alonso, que tuvo que indemnizar a la SGAE con 9.000 euros por incitar, desde su página, a que otros internautas hicieran manifestaciones que atentaban contra el derecho al honor de la entidad de gestión.

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Consejos para preservar la intimidad en Internet

1 Suscribir ciertos servicios supone renunciar a cierto grado de privacidad. Para evitar sustos, no publiques en las redes sociales mucha información personal y familiar.

2 No grabes ni publiques imágenes o vídeos de otras personas sin su consentimiento previo.

3 Configura adecuadamente tu perfil y utiliza contraseñas adecuadas. Los buscadores permiten a cualquiera acceder a la información depositada en las redes sociales.

4 Considera las implicaciones profesionales de hacer públicas ciertas informaciones, ya que muchas empresas rastrean en Internet para conocer a sus empleados.

5 No aceptes solicitudes de contacto de forma compulsiva y emplea nombres de usuario y contraseñas fuertes.

6 Ten cuidado al publicar información sobre los lugares en que te encuentras en cada momento.

7 Navega con tus hijos y ayúdales a distinguir los riesgos que hay en Internet.

8 Es una lata, pero lee las políticas de privacidad y de cancelación de los servicios on-line. Muchos ponen los pelos de punta cuando te dicen lo que pueden hacer con tus datos. (Fuente AEPD y elaboración propia)