Ley y trampa

Aprovechamos estos meses vacacionales para recopilar las contribuciones a PCA de uno de los indiscutibles amos de la blogosfera hispana: con ustedes, la dosis diaria de Javier Candeira, uno de los principales artífices de Barrapunto

Ley y trampa

1 septiembre 2008

LÓGICA DISCRETA (#198, JUL-AGO2007)

Aprobada la LAECSP, cabe felicitarse por algunos de los resultados obtenidos: gracias al esfuerzo desinteresado de ciertos voluntarios, recoge muchas propuestas a favor de los estándares abiertos que brillaban por su ausencia en el proyecto original. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer

 

La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos contiene la garantía expresa y explícita de no discriminación de los ciudadanos por razón de su elección tecnológica, y la definición de estándar abierto que ya habían hecho otras administraciones europeas, como el gobierno danés y la propia Unión Europea. Esto es motivo suficiente para felicitarnos y para agradecerles el trabajo bien hecho a los representantes de la veintena de organizaciones que han trabajado para educar a nuestros representantes políticos y ayudarles con las necesarias enmiendas.

 

Sin embargo, quedan flecos por resolver, que quizá habrá que tratar en la siguiente Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. El comunicado conjunto de las asociaciones que trabajan por los estándares abiertos y la competencia en materia de servicios de Internet identificaba tres defectos en la recién aprobada ley.

 

La inclusión de «formatos ampliamente extendidos» sirve para incentivar el uso de protocolos cerrados y, posiblemente, patentados por parte de ciertos proveedores, es decir, de Microsoft. De todos es sabido que la empresa de Redmond logró su actual posición a base de incluir todos los filtros de exportación e importación habidos y por haber. Con una ley que sólo obligara a las administraciones a aceptar estándares abiertos, Microsoft ahora tendría, además de un aliciente, un estándar publicado y código de referencia. Pero sin una buena razón, Microsoft no incluirá de serie el filtro OpenDocument, y los ciudadanos que estén acostumbrados a usar sus productos seguirán obligando a la Administración a gastar dinero, tiempo y esfuerzo en ser compatibles con los formatos de un monopolista ilegal convicto.

 

Con esto se quebranta el artículo 31 de la Constitución Española, que establece que el gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía. Tampoco se garantizan el principio de transparencia y el derecho a conocer todo lo relativo a los procesos públicos. Los ciudadanos deberían tener derecho a auditar el código fuente de los sistemas informáticos que tramitan sus procedimientos administrativos. El no tener este acceso supone una falta de transparencia, que se traduce en una merma de las garantías democráticas de nuestro Estado.

 

Por último, no hay ninguna garantía de que se pueda ejercer el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes públicos por parte de los ciudadanos y empresas. Este derecho, codificado en los artículos 44 y 128 de la Constitución Española, es fácil de cumplir en el ámbito digital. Los objetos hechos de materia no son reproducibles a coste cero, por ello es complicado garantizar el derecho a la vivienda (que la Constitución también consagra). Sin embargo, los datos y el software producidos por la Administración sí que pueden reproducirse sin coste alguno (o a un coste marginal cercano a cero). El modelo se llama software libre y es como Internet llegó a convertirse en lo que es.

 

Si queremos fomentar el uso de las telecomunicaciones por parte de la ciudadanía, tenemos un ejemplo irrefutable de éxito de lo libre y abierto; debemos evitar caer en las trampas de los formatos cerrados.