Utilización policial y judicial de imágenes difundidas en Internet

Algunos listillos piensan que pueden colgar ciertas imagines en Internet e irse de rosillas a celebrar su hazaña… Já, más les valdría saber que su rastro puede ser fácilmente rebobinado por “los hombres del sombrero”

Utilización policial y judicial de imágenes difundidas en Internet

4 noviembre 2008

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Últimamente asistimos con relativa frecuencia a noticias en las que se informa de imágenes aparecidas en portales de Internet (y páginas web en las que se pueden «colgar» videos personales) en las que se muestran grabaciones de actos que, a todas luces, son ilegales: carreras de coches que se desarrollan en la vía pública, agresiones, malos tratos, actos de vandalismo, etc.

 

La principal particularidad de dichas grabaciones es que suelen ser realizadas por las propias personas que protagonizan los actos ilegales o por gente de su entorno que, con posterioridad, ponen esas imágenes a disposición del público en dichas páginas, como si se tratara de un trofeo y en la convicción de que actúan amparadas por la sensación de anonimato que siempre ha existido cuando se opera en Internet.

 

A pesar de todo ello, conviene señalar que, en la mayoría de los casos, el anonimato en Internet no suele existir, especialmente cuando nos encontramos en el contexto de posibles actuaciones delictivas que, habitualmente, son investigadas por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Policía Judicial.

 

En síntesis, la mayoría de las investigaciones se inician averiguando la dirección IP desde la que se conectó el usuario en cuestión y que suele ser proporcionada por la propia página web en la que se cometió el acto delictivo. A partir de ahí, basta con enviar una orden o mandamiento judicial al proveedor de servicios de Internet, que dispone del rango de direcciones IP dentro de la cual se encuentra el número IP objeto de la investigación.

 

De esta forma, el ISP proporcionará a la Policía Judicial los datos del abonado (esencialmente, nombre y apellidos, número de teléfono y domicilio) al cual asignó la dirección IP concreta en la fecha y hora que se solicita. En la mayoría de los casos, la experiencia demuestra que quien cometió el acto ilegal suele ser el propio abonado o alguien de su entorno más próximo.

 

Conviene asimismo señalar que la conservación de los datos de tráfico se encuentra regulada en detalle por la Ley 25/2007 que establece claramente cuáles son las obligaciones que han de cumplir los ISP y operadoras de telecomunicaciones en cuanto al periodo de conservación de los datos (en principio doce meses), y a los datos concretos que han de ser preservados y, en su caso, puestos a disposición de las autoridades policiales y judiciales.

 

De la misma forma, tampoco puede ponerse objeción alguna al uso de la propia grabación que pueda aparecer en Internet como prueba de cargo en juicio. Ya desde el año 1992, una conocida sentencia del Tribunal Supremo estableció que cualquier testimonio obtenido como consecuencia de los avances y descubrimientos técnicos, aludiendo expresamente a las cintas magnéticas, vídeos y «cualquier otro medio de reproducción hablada o representación visual del pensamiento humano»  debían servir como instrumentos de prueba.

 

En este sentido, nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 ya prevé expresamente la admisión como medios de prueba de los «medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen», así como de los instrumentos que permiten su archivo, por lo que el uso en un juicio de grabaciones de este tipo se encuentra, a día de hoy, comúnmente admitido.

 

Pedro López Martín-Andino, asociado senior de KPMG Abogados